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Declaran nula licitación por 3 millones de soles en municipio

Buena pro favoreció a Inversiones LUMI EIRL, que tiene contratos
con esa comuna por 73 millones de soles


Por existir serios indicios de direccionamiento y contravenir la Ley de
Contrataciones del Estado, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado – TCE declaró nula la licitación pública N° 011-2016-CS/MVES,
convocada por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, para la
ampliación del colegio de inicial N° 652-02 Santa Rosa de Lima, ubicado en
el sector 2 de la IV Etapa de Pachacamac, valorizada en más de 3 millones
de soles.

Además, mediante la Resolución N° 058-2017-TCE-S4, dejó sin efecto el
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa Inversiones LUMI
E.I.R.L., disponiendo retrotraer el procedimiento a la etapa de
calificación de ofertas.

Fue en mérito a una apelación interpuesta por el consorcio Los
Constructores, integrado por las empresas La Económica Líder E.I.R.L. y
Corporación Prisma S.A.C., el mismo que fue impedido de participar al
igual que otros tres postores, otorgándosele la buena pro en el mismo acto
a Inversiones LUMI E.I.R.L.

El Tribunal da cuenta de que la Municipalidad Distrital de Villa El
Salvador, habría incurrido en una serie de irregularidades durante el
desarrollo de esta licitación, como desobedecer y resistirse a cumplir la
Resolución N° 2843-2016-TCE-S4, que ordenó anteriormente retrotraer otra
buena pro para remodelar el C.I Pequeños Angelitos, con la finalidad de
favorecer a Inversiones LUMI EIRL

Esta empresa, de acuerdo a información que obra en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE), entre el 2013 y 2016, ganó contratos
con ese municipio por más de 73 millones de soles.

Debido a que se evidencian serios indicios de posible direccionamiento,
sobre la base de prácticas que afectan la libre concurrencia y competencia
de proveedores, el TCE dispuso además comunicar los hechos tanto al
alcalde de la MVES, al órgano de control interno de esa comuna, como a la
Contraloría General de la República y la Dirección de Gestión de Riesgos
del OSCE, para que obren en consecuencia.

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